Ana, la expropiada sin derecho a realojo que no se rinde

Desahuciada en 2012, en el PERI de la avenida de Pamplona

En la plaza de Leopoldo de Luis, bajo la medianería donde Suso33 pintó sus famosas “sombras”, se alarga silenciosa, desde hace cinco años, la de Ana Izquierdo. La historia de esta vecina, de 84 años, minusválida y con un pasado de maltratos, iba a cambiar para siempre en 2012, cuando fue desahuciada a consecuencia de un proceso de expropiación forzosa dentro del Plan Especial de Reforma de la Avenida de Pamplona. En 2017, tras años de lucha, Ana conseguiría recibir el justiprecio por los dos inmuebles que poseía junto a su marido –en los números 17 y 19 de dicha vía––, si bien, a día de hoy, se le sigue negando el derecho a ser realojada.

“Mi madre está destrozada, se siente expulsada de la sociedad”, relata su hijo, Jesús Antón, que desde el principio la ha acompañado en la pelea por sus derechos. La historia comienza hace dos décadas, cuando el matrimonio recibe las primeras notificaciones. El trazado de la nueva avenida cruzaba las dos fincas, justo en una de las esquinas de lo que hoy es la plaza de Leopoldo de Luis. “Ella lo deja en manos de mi padre, se fía de él, hasta que hace unos 10 años recibe una carta para que abandone la casa en 10 días”. Para entonces su padre, separado de Ana y con buenas relaciones con el Ayuntamiento, había negociado por su cuenta y se había ido del domicilio. “Mi padre maltrataba a mi madre, la amenazaba con una escopeta. Cuando  conseguimos que le echaran de casa, se fue justo a la casa de al lado, donde seguía haciéndonos la vida imposible”, detalla Jesús. Afortunadamente, madre e hijo interpusieron una demanda y el TSJM paralizó el desahucio hasta que se resolviese la sociedad de gananciales.

Presiones y cierre del expediente

No obstante, llegó un momento en que la vivienda de Ana era la única que obstaculizaba el desarrollo del PERI, y comenzaron las presiones. “Nos hacían todo tipo de picias, dañaron la casa con las obras, se cayó parte del techo…”. Lo peor estaba por llegar: “Un día, hace como 5 o 6 años, llegó un técnico y en plan mafioso la dijo: ‘te voy a echar sí o sí’. Ahí ya nos asustamos”, recuerda. Por si fuera poco, Gerencia de Urbanismo les reclamaba una declaración de gananciales que ellos ya habían solicitado, “y resultó que se había perdido en el Juzgado, ¡desde hacía 19 años!”. Poco después, los responsables de Urbanismo se reunieron con ellos en la Junta para intentar negociar una salida voluntaria, ya que Ana nunca quiso irse de su domicilio. “Nos ofrecieron un piso en Jerónima Llorente y quedamos en verlo, pero al día siguiente se retractaron, y la oferta, a cambio de la vivienda que tenía mi madre –250 m2, dos plantas y terraza– era que se quedase en un bajo”. Roto el último puente, “el siguiente paso fue resolver el expediente y decir que mi madre no tenía derecho a realojo, ni a una vivienda social, por no haber justificado una documentación que ni siquiera nos habían solicitado”.

Así se llega a julio de 2012. “El día del desahucio, en un estado de nervios espantoso, a mi madre la sacan a la fuerza con todas sus cosas, tapian la casa y tenemos que meterla en una residencia temporal. A los 10 días nos dicen que también tiene que marcharse de allí. Tengo que buscar rápidamente una buhardilla para meter las cosas de toda una vida, y la llevo a vivir donde una hermana suya, que al poco tiempo fallece. Sus hijos no pueden hacerse cargo y tienen que vender la casa, así que vive una temporada en la casa de un compañero de trabajo que tiene libre”.

Ni el 70% de invalidez, ni sus cinco operaciones de espalda la hacen tampoco acreedora de los recursos destinados a la Dependencia. Nada, en cualquier caso, ha servido para doblegar a esta octogenaria, que ha seguido peleando por su realojo y por el solar vacío resultante en un extremo de lo que fue su vivienda. “Ese solar vacío no afecta ya al proyecto, ni al parking ni a la plaza, pero ha pasado a la EMVS, por lo que pediremos la reversión. No es posible que una parcela que le quitaron por dos perras sirva ahora para hacer viviendas”.

Hace dos años, el Juzgado “encuentra” la demanda de gananciales, y en 2017 Ana recibe al fin una parte del acuerdo de expropiación, unos 100.000 euros “que corresponden más  a intereses que a la cantidad fijada al principio, y con el que ni siquiera puede acceder a ninguna vivienda en Madrid”, manifiesta su hijo. “No estamos pidiendo ningún favor. No tengo ya esperanzas ni en el realojo ni en la parcela. Tampoco confío mucho en la alcaldesa, a quien ya escribimos en 2015 sin ninguna respuesta [en la pasada visita al distrito, Carmena se comprometió a estudiar el caso]. A mi madre la han tachado del mapa unos y otros. Su único delito fue querer conservar su casa, y aguantó como una leona. Se justifican diciendo que ella rechazó un realojo pero ni siquiera hubo jamás una propuesta en firme”, concluye.