El extraño caso de la colonia de Bellas Vistas

Dos años después del cierre peatonal, la incógnita sobre el tipo de propiedad continúa

“El 1 de enero de 2009 la colonia de Bellas Vistas cierra, de forma unilateral, el pasaje durante la noche, los fines de semana y los días festivos, hecho que ocasiona trastornos en la vida de los vecinos de las calles colindantes, los usuarios del centro de mayores y de día Leñeros… Dos años después, seguimos sin saber si este espacio es de titularidad pública o privada”. El grupo municipal socialista volvía a la carga con el cierre del pasaje de Bellas Vistas en el Pleno de enero, seis meses después de que lo hiciera por última vez.
“Según datos como la referencia catastral, el uso público continuado... el pasaje es de dominio y uso públicos mientras no se demuestre lo contrario. Resulta por tanto inadmisible desde el punto de vista administrativo cualquier restricción de paso, sin un acuerdo previo con el Ayuntamiento ni una disposición reglamentaria que justifique el cierre: la colonia debería estar abierta las 24 horas de los 365 días del año”, continuaba el vocal presidente, Óscar Iglesias. El PSOE Tetuán pedía que se garantice el acceso y paso públicos en todo momento; que se abran los expedientes disciplinarios y sancionadores oportunos a los responsables de los cierres temporales del pasaje mientras no demuestren la propiedad privada; arbitrar las medidas que garanticen el acceso de los servicios públicos, vehículos de emergencia y de bomberos, y que se esclarezca el tipo de propiedad, con el fin de establecer legalmente las condiciones de uso y mantenimiento.  
Izquierda Unida apoyaba la posición de los socialistas y catalogó la actuación de “osadía”. “No se entiende cómo se permite esto, porque no han pasado dos años, nosotros venimos denunciando este tema desde hace 10: dos años con el gobierno de Luis Asúa, los cuatro de Dolores Navarro y estos últimos cuatro con Paloma García Romero”.


“INFORMES CONTRADICTORIOS”

El grupo popular reconocía el problema, pero aludía a la complejidad del asunto por haber “informes contradictorios del Catastro y de la Administración local”; y concretaba: “Nosotros no podemos hacer nada, ni política ni jurídicamente, por lo que tenemos que ser prudentes. Pero no debe haber duda en cuanto al acceso de los servicios de emergencia, el cual está garantizado”. García Romero se refirió al Plan General de 2007, “la norma a la que debemos atenernos, por encima incluso del Catastro, y donde no se contempla la titularidad pública”.
La propuesta fue de nuevo rechazada.
Cristina Sánchez

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